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Violaciones de la Constitución por Obama

Enviado por en febrero 1, 2013 – 1:55 am

Frank de Varona

Desde el inicio de su primer término presidencial,  Barack Obama, quien juró proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, la ha violado repetidamente. Después de su inauguración en enero de 2009, el presidente violó la separación de poderes de la Constitución al nombrar zares radicales en la Casa Blanca. A estos zares el presidente les dio enormes poderes, siendo algunos  más poderosos que miembros de su gabinete. Los zares no han sido confirmados por el Senado y el Congreso no tiene potestad de supervisarlos ni de llamarlos a audiencias públicas para entrevistarlos. Los miembros del gabinete reportan periódicamente a audiencias públicas en los diferentes comités de la Cámara de Representante o en el Senado. El Congreso tiene el poder constitucional de supervisar y  entrevistar a miembros de la rama ejecutiva y hacerles preguntas sobre cualquier tema (Congressional oversight). Entre los muchos zares de extrema izquierda, el presidente Obama nombró a un comunista, Van Jones, como zar de Energía Verde con un presupuesto de billones de dólares. Cuando su pasado revolucionario y declaraciones incendiarias salieron a relucir, Obama fue forzado a pedirle su renuncia. Van Jones y la mayoría de los zares radicales jamás hubieran sido aprobados por el Senado de la nación.

Varios senadores republicanos protestaron enérgicamente respecto a estos actos inconstitucional del presidente Obama al inicio de su mandato. Un senador del Partido Demócrata, Harry Bird de West Virginia, le escribió al presidente explicándole que esos nombramientos con tanto poder violaban la Constitución. Nuestra Constitución limita el poder del gobierno federal y lo divide en tres ramas, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Bajo el sistema de la separación de poderes, cada rama del gobierno tiene responsabilidades únicas, un sistema que los Padres Fundadores esperaban que previniera que una rama del gobierno tuviera un poder excesivo. La Constitución también establece un sistema llamado de “checks and balances” por el cual cada rama del gobierno ejerce algún control sobre las otras dos ramas. Obama, quien demuestra gran desprecio hacia nuestra Constitución, ha creado algo más que una presidencia imperial, cogiéndose poderes que no le corresponde a la rama ejecutiva. El presidente está gobernando a la nación como casi un dictador y él debe recordar que los Estados Unidos no es una república bananera, ni es Venezuela ni Cuba.

Algunos profesores universitarios de leyes de extrema izquierda ya han dicho que nuestra Constitución debe ser desechada a pesar de que ha estado en vigor desde 1787 y se puede modificar a través de enmiendas. Obviamente a un presidente, quien ansía más poder del que la Constitución le permite, le gustaría tener una nueva Constitución que le dé aún más poder del que él ya se ha cogido ilegalmente. El congresista demócrata de New York José Serrano ha dicho que quiere que Obama se postule para un tercer término a pesar de que esto viola la Constitución.

El presidente decide qué leyes va a hacer cumplir y cuáles otras va ignorar, como la ley de la Defensa de Matrimonio, la cual estipula que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sólo el Congreso de la nación puede cambiar esta ley si quisiera autorizar el matrimonio gay. El presidente no tiene respeto por el imperio de la ley. El Presidente Obama ha criticado a la Corte Suprema y no trabaja de una forma bipartidista con el Congreso. Como Mitt Romney ha dicho, Obama quiere que el Congreso haga lo que él quiera o siga por su camino (My way or the highway). Ningún otro presidente en nuestra historia ha demostrado tanta falta de respeto por nuestra Constitución y por nuestro Congreso como el presidente Obama.

Obama ha demostrado tener una conducta arrogante y omnipotente con el Partido Republicano en el Congreso. Obama insulta a los republicanos y los demoniza. El presidente de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, actúa de igual forma. Cuando la Cámara de Representantes con mayoría republicana le envía un proyecto de ley para el presupuesto de la nación, el senador Reid ni siquiera lo considera, simplemente lo rechaza. A pesar que existe una ley federal que requiere que el Congreso y el presidente tengan un presupuesto anual, durante los últimos tres años no  se ha pasado ningún presupuesto en el Congreso. De esta forma, el presidente gasta lo que quiere. Durante los últimos cuatro años por cada dólar que gasta, Obama pide prestado 42 centavos. Durante los primeros cuatro años el presidente Obama ha endeudado a la nación $5.5 trillones y actualmente la deuda nacional es de $16.5 trillones. Esto, por supuesto, nos va llevar rápidamente a una bancarrota segura y cuando esto ocurra dejaremos de ser una superpotencia mundial.

Todos los 50 estados de la nación aprueban un presupuesto anual y es un descaro que el gobierno federal no lo haga. El presidente no ha querido reformar los programas de asistencia social, tales como el Medicare, Medicaid y Social Security, los cuales son insostenibles a corto plazo. Ahora que ha sido reelecto presidente, Obama ha dicho que no tiene interés en reformarlos. Obama quiere seguir gastando dinero como un marinero borracho. De continuar gastando dinero que no tenemos, seremos pronto un país como Grecia o Portugal. No parece importarle que los estadounidenses sufran enormemente si cuando lleguen a la edad de retiro no exista dinero en estos programas de ayuda social.

El presidente Obama, en una clara violación de la Primera Enmienda de nuestra Constitución que protege la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ha forzado a través de una regulación del gobierno de la ley de salud, llamada el Obamacare, a que todas las religiones cristianas y no cristianas tengan que ofrecer abortos, esterilizaciones y contraceptivos a todos los empleados en sus planes de seguro de salud. La ley de salud de 2700 páginas fue aprobada sin ser leída por la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, le dijo a los miembros de su partido que aprobaran la ley y que mañana podrían leerla, algo insólito y desvergonzado. Si los demócratas la hubieran leído se hubieran dado cuenta que le da enormes poderes al presidente Obama. Esta ley fue aprobada sin un sólo voto de miembros del Partido Republicano en el Congreso y fue escrita por un pequeño grupo a puerta cerrada. La Iglesia Católica ha presentado múltiples demandas en contra del gobierno de Obama y ha llamado, por primera vez en la historia, a desobediencia civil ya que esta regla va en contra de la Biblia y la enseñanza de la Iglesia Católica. Universidades colegios, hospitales y otras instituciones religiosas que no cumplan con este requisito afrontan multas millonarias.

¿Qué ocurrirá si cuando la ley de salud entre en vigor todas estas instituciones religiosas se nieguen a cumplirla? ¿Qué pasará cuando sean multadas se nieguen a pagar la multa? Su propio vicepresidente, Joe Biden, le aconsejó a Obama que no promulgara ese requisito, pero no fue escuchado.

La ley de Reforma Financiera Dodd-Frank de 2319 páginas le da al presidente poder absoluto para controlar el sistema financiero, bancario y de inversiones de nuestra nación. Esta ley creó una nueva agencia llamada la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. La ley señala que esta agencia no puede ser supervisada por el Congreso, algo que también viola la Constitución ya que todas las agencias federales son supervisadas por el Congreso. El presidente quiso nombrar a Richard Cordray como director de esta agencia. Los republicanos en el Senado le informaron al presidente que vetarían ese nombramiento. Para que el presidente no pudiera nombrar a Cordray y a otros funcionarios, los republicanos en el Senado no cerraron la sesión y se reunieron unos minutos al día para impedir que el presidente los nombrara sin su consentimiento. Obama los ignoro y nombró a Cordray a dirigir la nueva agencia del gobierno federal. También el presidente nombró a tres miembros radicales a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, estas personas tampoco hubieran sido aprobadas en el Senado.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y 41 senadores republicanos presentaron una demanda judicial alegando que el presidente había violado la Constitución al hacer estos nombramientos ya que el Senado estaba en sesión. Las leyes de la nación permiten al presidente, cuando el Senado está de vacaciones, hacer nombramientos temporales. Esta táctica ha sido usada por presidentes de ambos partidos cuando piensa que el Senado no aprobará algunos de sus nombramientos.

El 25 de enero de 2013 la Corte de Apelaciones Federales del Distrito de Columbia falló en contra del presidente y expresó que Obama había violado la Constitución. Esta fue  la primera vez que un tribunal ha hecho un fallo de esta naturaleza expresando que el presidente actúa de una manera inconstitucional. El presidente va a apelar esta decisión ante la Corte Suprema. El presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, John Boehner, declaró que el fallo es como “una victoria para hacer al gobierno responsable”. El senador Mitch McConnell señaló que la decisión “reafirma que la Constitución no es una inconveniencia, es la ley de la nación”.

El fallo del tribunal del circuito emitido por tres jueces señaló que Obama no tenía la potestad de promulgar estos nombramientos ya que el Senado estaba en sesión y no en receso. Si la Corte Suprema de la nación apoya este fallo de la Corte de Apelaciones, todas las decisiones hechas por los tres radicales que fueron nombrados a la Junta Nacional de Relaciones Laborales serían anuladas. Esta junta prohibió a la corporación Boeing, que es la firma que más exporta en la nación, a que pudiera construir una fábrica en el estado de Carolina del Sur ya que en ese estado no se obligaba a los empleados a que pertenecieran a sindicatos. De hecho, esta junta estaba destruyendo la libre empresa al no permitir que una gran corporación pudiera establecerse en este estado. Los miembros de esta junta no son objetivos y fallan siempre a  favor de los sindicatos, en vez de ser imparciales.

Recientemente el presidente Obama les informó a los republicanos en la Cámara de Representantes que no negociará con ellos sobre subir el techo de la deuda nacional. Simplemente les ordenó que suban el techo de la deuda sin pedir ninguna rebaja del déficit del presupuesto o reformas de programas sociales. Esta declaración es insólita ya que el presidente debe negociar con el Congreso ya que parte de su trabajo. Increíblemente los líderes de su partido en el Senado y en la Cámara de Representantes le han informado el presidente, que si no llega a un  acuerdo con los republicanos, que ignore al Congreso y que suba el techo de la deuda con un decreto ejecutivo. Esto violaría la Constitución ya que solamente la Cámara de Representantes y el Senado tienen la potestad de subir la deuda nacional. Es increíble que los líderes del Partido Demócrata le recomienden al presidente Obama que ignore al Congreso y que viole la Constitución.

El presidente Obama ha estado legislando inconstitucionalmente al emitir numerosos decretos ejecutivos violando la separación de poderes de nuestra Carta Magna. También las agencias del gobierno hacen regulaciones que son leyes. El presidente Obama ha pasado más decretos ejecutivos que ningún otro presidente. Despóticamente el presidente ha declarado que si el Congreso no pasa las leyes que él demanda, hará decretos ejecutivos o regulaciones que tengan el efecto de leyes.

Recientemente el presidente emitió 23 decretos ejecutivos que tienen que ver con el control de armas y que violan la Segunda Enmienda a la Constitución. Uno de estos decretos obliga a los médicos a interrogar a sus pacientes en cuanto a si poseen armas de fuego. Su propia ley de salud específicamente prohíbe a los médicos hacer estas preguntas. Este decreto hace una enmienda a la ley de salud inconstitucionalmente. Otro decreto le da la potestad al corrupto Procurador General Eric Holder  a prohibir el uso de armas a personas con problemas mentales o que no son fiables. De hecho, el Procurador General puede excluir a quien él quiera del uso de portar y poseer armas de fuego. Los que escribieron la Constitución incorporaron la Segunda Enmienda, que protege el derecho de poseer armas de fuego, precisamente porque temían que el pueblo fuera desarmado y no pudiera protegerse de un futuro gobierno tiránico que los oprimiera. La guerra de Independencia, llamada American Revolution, comenzó cuando el general británico Gates trató de confiscar un arsenal de armas de fuego de los patriotas en las ciudades de Lexington y Concord, cerca de Boston, en 1775. Allí se libraron los primeros combates.

Dos representantes republicanos de la Cámara de Representantes han dicho que si estas violaciones de la Constitución  continúan, ellos presentarán una moción para juzgar al Presidente Obama por violar la Constitución. Un funcionario de la Casa Blanca filtró un secreto al periódico New York Times que puso la seguridad nacional en gran peligro. Miembros del Comité de Inteligencia del Senado de ambos partidos denunciaron esta filtración. Por supuesto, el Procurador General Holder, ni el presidente, han revelado quien cometió esta traición a la patria. Si el presidente fue el que dio la orden y esto se comprueba, perdería la presidencia.

El presidente, el vicepresidente y miembros de su gabinete han mentido y han encubierto lo que sucedió con respecto al asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia y tres funcionarios del gobierno en el Consulado de nuestra nación en Bengazi el 11 de septiembre de 2012. El presidente Obama se ha negado a entregar documentos al Congreso de la llamada Operación Rápida y Furiosa, donde Departamento de Justicia entregó cientos de armas a carteles de narcotraficantes en México. Esta descabellada operación le ha costado la vida a cientos de mexicanos y a un policía de frontera de la nuestra nación.

Es claro que el presidente Obama piensa continuar actuando casi como un dictador durante su segundo mandato. Los tribunales federales y la Corte Suprema de la nación, al igual que los miembros del Congreso, tienen que obligar al presidente a que cumpla con la Constitución de la nación. De no hacerlo, lo deben juzgar y despedir.

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