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Cuba bajo Raúl Castro: ¿La economía como prioridad?

Enviado por en febrero 23, 2013 – 12:03 pm

Arturo Lopez-Levy

El primer mandato presidencial de Raúl Castro comenzó procesos de reforma económica y liberalización política. En los últimos cinco años, el gobierno creó importantes bases institucionales para una economía mixta y una relación menos vertical entre el estado y la sociedad civil. A partir de 2009 se instauró la comisión de implementación y desarrollo, y por propuestas de la misma, el Consejo de ministros instituyó la contraloría general anticorrupción y reestructuró varios ministerios, en particular el hasta entonces superministerio de la industria básica y la industria azucarera. Los cambios institucionales han sido acompañados con reformas tributaria, migratoria, crediticia, y la ley de cooperativas así como la legalización de varios mercados de bienes (inmobiliario, de automóviles de segunda mano,  de comida rápida y restaurantes) y servicios (transportación) de impacto directo en la vida diaria de la población.

La sucesión presidencial de Fidel a Raúl Castro se ha complementado con la renovación del consejo de ministros y la transición inter-generacional en los mandos militares a nivel de ejércitos, los escalones intermedios del aparato partidista y de gobierno.

La economía como prioridad:

La naturaleza estratégica de la transición económica se expresó en los cambios en la composición de la fuerza laboral. En menos de tres años desde 2010 hasta 2013, el número de trabajadores de pequeña propiedad privada casi se triplicó pasando de cerca de 160 mil a rondar los 390 000. Es palpable una liberalización del proceso de licencias y la ampliación en la escala productiva con la que estos negocios operan. Otros cambios importantes a ese respecto fueron la liberalización de contratos entre los sectores estatal y no estatal, abriendo la posibilidad de sinergias de mejorías productivas y de administración entre estos, y el inicio de mercados mayoristas y mecanismos de crédito.

En 2012 se aprobó la ley de cooperativas indicando la desestatización de importantes áreas de producción agrícola, servicios y transportes. La legislación incluyó mecanismos tanto de creación como disolución de las entidades ofreciendo un marco legal para la operación de las mismas en una lógica de mercado. La ley permite la creación de cooperativas de segundo grado, dispositivo jurídico que facilita la ampliación productiva, la coordinación de actividades y el establecimiento de vínculos estables entre diferentes cooperativas.

Esta desestatización está muy lejos de ser un proceso óptimo en términos económicos.  En lugar de vender o rentar el parque automotor en el caso de los taxis, o los locales para restaurantes, al mejor postor y maximizar de esa forma el ingreso del estado, el gobierno ha ido por un segundo optimo menos disruptivo: ofrecérselos como usufructo a los mismos que los mal administraron hasta la fecha con la esperanza de que lo harán mejor en las nuevas condiciones. Está por ver como las instituciones emergentes promueven la competencia y el natural proceso de selección de mejores prácticas y administradores, y si aplican criterios de presupuesto duro para dejar caer a quienes no sean eficientes en las nuevas condiciones.

La ley de cooperativas expresó un balance entre el deseo de mejorar productividad y un marco político de preferencias por formas colectivistas.  En términos de derecho de propiedad, la cooperativa es más indefinida que la pequeña o la mediana corporación privada, lo que hace más relevante la necesidad de un sistema eficiente de contratos y estado de derecho, áreas en las que Cuba no es precisamente un dechado de virtudes.  La experiencia desde los noventa con las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) ilustra que en la ausencia de un marco mercantil con la debida autonomía legal, el record de la cooperativa no es sustancialmente diferente de la empresa estatal, como si ha sido el de los empresarios privados.

Las áreas bajo administración privada o cooperativa (por ejemplo en la transportación) crean dinámicas de competencia que permitirán decantar administradores estatales capaces de aprovechar las nuevas condiciones, sobre todo a nivel local, de aquellos sin capacidad de adaptación. Buenas empresas van ligadas a buenos administradores.  Es aquí donde la disciplina del gobierno al otorgar subsidios y contratos no competitivos, controlar la corrupción, y promover transparencia  puede marcar una diferencia notable en la creación de un mercado de administradores.

Cuba carece de experiencia jurídica y administrativa en la confección e implementación de contratos eficientes. Como ha demostrado la teoría económica moderna, contrario a lo que postulan los neoliberales, un mejor definición de los derechos de propiedad está asociada con aumentos productivos sustanciales a nivel de la pequeña y mediana empresa, pero en la medida en que la estructura corporativa es más compleja, el carácter incompleto de los contratos entre el principal y su agente, y un entorno comprometido con la competencia se convierten en asuntos más cardinales.

Dos grandes fracasos de la reforma hasta la fecha son la falta de una reanimación sustancial de la producción agropecuaria, incluido el componente cañero de la industria azucarera, y el escaso impulso a la inversión extranjera orientada a exportaciones.  Aun en países del Este de Asia, con mercados mucho mayores al cubano, la intervención estatal se orientó a promover plataformas exportadoras, donde la competencia actúa con mayor rigor.  En el caso cubano -como ha apuntado Juan Triana-la calidad del crecimiento, de por sí bastante magro, se afecta por el incentivo perverso de que muchas de las empresas extranjeras, aun en plena reforma, aumentaron su proyección hacia un mercado nacional cautivo. En ese contexto de contratos con empresas estatales y cadenas de tiendas monopólicas, corporaciones extranjeras y locales expolian a un consumidor cubano fundamentalmente desprotegido.

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