Cuba

Noticias, notas y artículos sobre Cuba

Colaboraciones

Artículos y ensayos de colaboradores

Correo

Opiniones y cartas del lector

US-Mundo

Noticias y notas sobre Miami, US y el mundo

ei

Artículos y ensayos de Emilio Ichikawa

Inicio » Cuba

A propósito del Día de los Derechos Humanos, GRANMA entrevista a Hortensia Bonachea, Fiscal Jefa de la Dirección de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios

Enviado por en diciembre 8, 2012 – 0:05 am

O. Fonticoba Gener

(GRANMA)-”Los internos tienen derecho a progresar de régimen, a la rebaja de sanción de 60 días por año cumplido, a la concesión de la libertad condicional o a la suspensión de la medida impuesta siempre que hayan cumplido los requisitos de término y conducta previstos en la Ley y en el Reglamento del Sistema Penitenciario”, indicó… Además del sustento legal que protege los derechos de los internos, existen mecanismos establecidos para asegurar su ejercicio y hacerlos efectivos.

“Uno de estos —enfatizó Hortensia Bonachea Rodríguez (foto)— está relacionado con el derecho de queja y petición. En ese sentido todos los organismos del Estado están obligados a recepcionar, tramitar y responder los planteamientos de la población al respecto.

No obstante, es la Fiscalía General de la República la principal garante de esta actividad; de ahí que se hayan establecido proyecciones de trabajo dirigidas a la reducción del término de las investigaciones de las quejas, y a ofrecer siempre que sea posible una respuesta personal.

“Para ello, en todas las instancias de la Fiscalía existen fiscales facultados para realizar inspecciones con el fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en los centros penitenciarios. De esa forma se garantiza que el respeto a los derechos individuales de los reclusos, y en particular a la legalidad en la ejecución de las penas, esté asegurado por una autoridad legalmente habilitada que no pertenece a la Administración Penitenciaria”.

—¿Qué sucede si se detectan irregularidades en esas acciones de control?

“Si se detectan anomalías, el fiscal emite una Resolución para que se restablezca la legalidad quebrantada. Este instrumento jurídico tiene fuerza vinculante, o sea, que es de obligatorio cumplimiento por parte del órgano, autoridad o funcionario al cual se dirige. Ellos dispondrán de un plazo de 20 días para informar al fiscal sobre las medidas adoptadas”. (MAS…)

Share